Impuestos caros, servicios deficientes

Al llegar a fin de mes, cada ciudadano tiene que enfrentarse con la responsabilidad de pagar distintos servicios que se le brindan, entre ellos el gas, el agua, la luz, el teléfono y otros.

En ese momento, en el que uno recibe este huésped, tan inesperado y poco agraciado por todos, lo primero que se nos cruza por la mente es: ¿Cuánto tendré que gastar?, pero difícilmente, nos preguntemos, ¿qué estamos pagando?; y aquí nos vamos detener los integrantes de Despierta la Ciudad para detallar el tema.

Si observamos cualquier boleta del consumo de Energía Eléctrica, veremos que, además del costo que estamos pagando por lo que consumimos, se nos adicionan impuestos, respaldados por leyes. Ejemplos claros de estas, son las leyes 7.290 y 9.038 (las podemos encontrar en cualquier tarifario de luz).

Estos impuestos fueron aprobados por sendos gobiernos militares, uno de 1967 y el otro de 1978; ambas destinadas a la construcción de obras específicas. Como siempre sucede, dichas obras no se hicieron y aún nos siguen cobrando por ellas. Con los años, los legisladores le fueron dando diferentes usos.

La primera ley nombrada explica lo siguiente: “El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires será destinado a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes dentro de su territorio...” La 9038 dice: “Establece un adicional del tres por ciento (3%) sobre el total facturado por suministro de energía eléctrica a usuarios…El producido del adicional creado por esta ley será destinado a la financiación de las inversiones que demande la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, radicación de potencia de base en el Área de Bahía Blanca y sus interconexiones.”

Pero… ¿Es legal que leyes creadas bajo Gobiernos de facto, sigan vigentes y en la obligación de los ciudadanos cumplirlas?

Según la abogada Mariana Beresiarte: mientras que el Poder Legislativo no las derogue van a seguir en pie, entonces para evitar que esta situación continúe, los ciudadanos tienen como opción recurrir al Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, o a entidades que defiendan los derechos humanos, como la Defensa al Consumidor.

Mariana nos contó que, Felipe Solá, durante su mandato como Gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 2003, comenzó a especificar el destino de la plata de los impuestos; hasta que, por distintas circunstancias, dejaron de hacerlo. Un correcto ejemplo, que debería ser imitado más a menudo, pero ese tipo de publicidad tendría que ser exigida por el pueblo.

Otra ley que aparece en cada una de nuestras facturas es la 11.769, en ella se explica que los usuarios deben abonar una contribución equivalente al seis (6) por ciento de sus entradas brutas, ese porcentaje contribuye al Alumbrado Público y a zonas eléctricamente aisladas de la provincia de Buenos Aires, para que las empresas no les cobren el monto original, ya que, de ser así, sería inaccesible el servicio para los pobladores del lugar. El problema se plantea al informarnos que en Capital Federal o en el conurbano bonaerense pagan tarifas de un 83 por ciento inferior al promedio del resto del país, es decir, estamos pagando para que se reduzca el precio a los usuarios de las zonas rurales, pero al parecer ellos igualmente abonan el doble que en el distrito metropolitano.

Como estos ejemplos podrían mencionarse tantos, y todo ello sin entrar a comentar el verdadero exabrupto que significó la privatización de los servicios públicos en nuestro país. Hoy, se cuentan de a miles los juicios ganados por los consumidores frente a esas empresas por cobros mal facturados, encabezando Telefónica de Argentina, el rubro de “privatizadas” que mayor cantidad de procesos judiciales debe enfrentar.

Sería interesante que la población pague solo por lo que consume y que el capital privado se invierta para mejorar servicios que, en su mayoría, son deficientes.